Dos líderes políticos de espaldas y con brazos cruzados sobre un mapa de España, bloqueando un acuerdo con candado, mientras una figura roja gobierna cómodamente al fondo con la bandera española
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Feijóo y Abascal llevan meses demostrando que son incapaces de coordinarse incluso en lo más básico.

Y eso tiene un nombre,regalo envenenado a Pedro Sánchez.

Extremadura, Aragón, Castilla y León. Tres territorios donde el PP necesitó el apoyo de Vox para gobernar. Tres pactos que se cerraron, con mayor o menor tensión, porque no había otra salida aritmética. Y sin embargo, a escala nacional, los mismos partidos que firmaron esos acuerdos autonómicos son incapaces de sostener una imagen pública de unidad. No un programa común. No una plataforma de gobierno alternativo. Ni siquiera una foto.

Eso es lo que hay. Y conviene decirlo sin eufemismos.

El bloqueo que Sánchez no necesita fabricar

Cuando se analiza la situación del bloque de centro-derecha en España, lo primero que llama la atención no es la distancia ideológica entre PP y Vox —que existe, pero es gestionable— sino la incapacidad de sus líderes para separar el cálculo interno del interés estratégico compartido.

Alberto Núñez Feijóo lleva en la presidencia del PP desde abril de 2022. Tiempo más que suficiente para haber construido una relación funcional con la segunda fuerza de la oposición. No lo ha hecho. Su estrategia ha consistido en mantener a Vox en una zona de ambigüedad permanente, ni aliado reconocido ni adversario declarado. El resultado de esa indefinición es que hoy ninguno de los dos lados confía en el otro, y el electorado que los observa tampoco confía en ninguno de los dos.

Santiago Abascal, por su parte, ha optado sistemáticamente por la confrontación mediática con el PP como herramienta de diferenciación. Cada declaración de Feijóo sobre la necesidad de moderar a Vox ha tenido respuesta inmediata desde Génova en la dirección contraria. Es una dinámica de doble bloqueo: ninguno cede porque ninguno quiere aparecer como el que cedió primero.

El problema es que eso tiene consecuencias reales. Y las tiene para su electorado, no para ellos.

La aritmética que no cuadra

Según los datos del CIS y de las principales encuestas publicadas en los últimos meses, PP y Vox suman en torno al 45-48% del voto intención directa, cifra que con la corrección habitual por cocina electoral se aproxima o supera el umbral necesario para una mayoría de gobierno, dependiendo del comportamiento de formaciones bisagra como Junts o el PNV. No es una mayoría cómoda, pero es una mayoría posible. La misma que, en 2023, Alberto Núñez Feijóo fue incapaz de convertir en investidura.

La pregunta no es si los números dan. Es por qué, dando, no se traducen en alternativa real.

La respuesta está en la superficie, dos líderes que priorizan su posición interna sobre la construcción de un proyecto común. Feijóo no quiere aparecer abrazado a Abascal porque teme perder el voto de centro que lo acercaría a la mayoría absoluta. Abascal no quiere aparecer subordinado a Feijóo porque eso erosiona la imagen de alternativa radical que es su única razón de ser. Ambos tienen razones tácticas para el bloqueo. Y ambos están destruyendo, con esa táctica, cualquier opción estratégica.

La Andalucía que viene

El problema no es solo de pasado. El mismo escenario amenaza con reproducirse en Andalucía, donde las próximas elecciones autonómicas pueden plantear de nuevo la necesidad de acuerdos entre ambas formaciones. Si el patrón nacional se replica, el resultado será otro bloqueo, otra negociación interminable y otra oportunidad perdida.

Y mientras eso ocurre, Pedro Sánchez gobierna. No porque sea imbatible. No porque haya resuelto los problemas estructurales de España —la deuda pública, la precariedad laboral, la crisis de vivienda, la presión fiscal sobre autónomos y pequeñas empresas siguen ahí, con datos que lo acreditan—. Sánchez gobierna porque sus adversarios le están haciendo el trabajo de mantenerse en el poder. Le están regalando la continuidad que no ha sabido ganarse.

Lo que falla no es la ideología

Conviene precisar algo para que este análisis no sea malentendido. El problema entre PP y Vox no es ideológico en el fondo. En los tres gobiernos autonómicos donde coexisten —Castilla y León desde 2022, Extremadura y Aragón desde 2023— han demostrado que pueden trabajar juntos cuando la aritmética lo impone. La diferencia no está en los valores ni en los programas, está en el ego de sus líderes nacionales y en los incentivos perversos que genera un sistema mediático que premia el conflicto sobre el acuerdo.

Feijóo y Abascal no son rivales ideológicos irreconciliables. Son dos políticos que han encontrado en el enfrentamiento mutuo una forma de gestionar sus respectivas bases internas. Y eso, a escala de Estado, es una forma de irresponsabilidad que tiene víctimas concretas.

El electorado que se queda en casa

El efecto más silencioso y más grave de este bloqueo es la desmovilización. Hay un porcentaje relevante del electorado de centro-derecha que, ante la incapacidad manifiesta de sus líderes para construir una alternativa coherente, está optando por la abstención o por un voto de protesta sin destino claro. No es indiferencia ideológica. Es decepción acumulada.

Ese votante no ha cambiado de ideas. Ha cambiado de expectativas. Y recuperarlo no será posible mientras Feijóo y Abascal sigan compitiendo por ver quién no cede primero.

El problema no es Sánchez

La continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno no es, a estas alturas, un mérito suyo. Es, en buena medida, una consecuencia directa de la mediocridad de quienes aspiran a sustituirlo. Un líder de la oposición que no es capaz de construir una imagen mínimamente coordinada con su socio aritmético necesario no está preparado para gobernar un país. Y un líder que prefiere la confrontación mediática al acuerdo político no merece la confianza de los votantes que dicen representar.

España tiene problemas reales. Necesita una alternativa real. Y lo que tiene, en este momento, es dos líderes que se han especializado en hacerse mutuamente inútiles.

Eso no es oposición. Es autoboicot. Y el único que sale ganando con ello tiene su despacho en La Moncloa.

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