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Quince mil empleos, quince mil quinientos millones de inversión y una economía de 52.000 millones en 2040. Con esas cifras se presentó el pasado 29 de septiembre, en la Facultad de Economía y Empresa de Oviedo, el Plan Estratégico Asturias 2040. Sus promotores lo han calificado como, probablemente, «el plan más ambicioso, más de detalle y más riguroso» elaborado en una región española. Ambicioso lo es, sin duda. Lo del rigor merece una segunda lectura.
Un diagnóstico que hay que agradecer
Conviene empezar por lo que el plan hace bien, que no es poco. Por fin un documento con pretensiones de Estado dice en voz alta lo que muchos asturianos llevan años viendo en su calle. Asturias ha perdido un 6% de su población entre 2005 y 2025, mientras España ganaba un 13%. La edad media ha pasado de 34,9 años en 1975 a 49,6 en 2025. Casi la mitad de los mayores de 16 años, el 48,6%, está fuera del mercado laboral, frente al 41,2% del conjunto de España. Y el peso de la región en la economía nacional ha caído del 2,2% al 1,8%.
La conclusión es valiente y correcta. Asturias no tiene tanto un problema de paro como un problema de gente. Hacía tiempo que no se escribía con tanta claridad, y quien lo ha hecho merece reconocimiento.
Unas cuentas que no salen
El problema empieza cuando se pasa del diagnóstico a la promesa. El plan anuncia 15.000 empleos y 10.900 millones anuales de valor añadido. Basta una división para descubrir que cada uno de esos empleos generaría 727.000 euros al año, cuando la productividad media asturiana ronda los 73.000 y la industrial, la más alta de la región, se queda en 103.100. O sobran millones o faltan empleos, y en ninguno de los dos casos la diferencia es pequeña.
Tampoco cuadra la promesa estrella, la de devolver a Asturias al 2,2% del PIB español. Para que 52.400 millones supongan ese porcentaje en 2040, España tendría que crecer apenas un 2,3% nominal al año durante quince años. Con un crecimiento nominal del 4%, nada extravagante, esa misma cifra equivaldría al 1,7%. Es decir, el objetivo anunciado como remontada es compatible con seguir perdiendo terreno.
Y hay un detalle todavía más elocuente. El PIB por habitante que el propio plan proyecta implica una Asturias de unos 940.000 habitantes en 2040, unos 60.000 menos que hoy. El documento que proclama como prioridad recuperar población la da por perdida en sus propias cuentas.
Cada empleo prometido generaría 727.000 euros de valor añadido al año, diez veces la productividad media asturiana.
Un plan sin enchufe
El plan reconoce que la energía es el gran cuello de botella de la industria asturiana. Y, acto seguido, despacha el asunto con dos etiquetas, «Anillo Eléctrico 2.0» y «corredor de energía competitivo», sin un solo megavatio, sin un euro por megavatio hora y sin calendario.
El anillo de 400 kV es una buena noticia, pero no es mérito del plan. Lo incluyó el Estado en la planificación eléctrica a 2030 y Red Eléctrica ya construye la subestación de Cardoso. Además, es red de transporte, no generación. Permitirá llevar más electricidad al centro de Asturias, pero no producirá un solo kilovatio hora ni abaratará su precio.
La contradicción mayor está en el proyecto que más pesa. El hub de hidrógeno aporta más de la mitad del valor añadido de los seis proyectos emblema, y es la actividad industrial más intensiva en electricidad que existe. Es, además, la misma apuesta que ArcelorMittal abandonó en Gijón en noviembre de 2024. El plan construye su mayor promesa justo sobre el recurso que él mismo declara escaso.
Una factura sin pagador
De los 15.500 millones, 5.500 serían dinero público. Repartidos entre 2027 y 2040, salen unos 390 millones al año, en torno al 5,6% del presupuesto del Principado para 2026. Es más de lo que ese presupuesto dedica a vivienda y a transporte juntos. El plan no dice qué parte pondría el Estado, cuál Bruselas y cuál el Principado, ni qué gasto se recortaría o qué deuda se emitiría para cubrirla.
Más llamativo aún es lo que el plan calla. La única palanca económica que el Principado controla por completo son sus impuestos cedidos, el tramo autonómico del IRPF, el Patrimonio y Sucesiones. Asturias mantiene en ellos una de las fiscalidades personales y patrimoniales más exigentes de España. Un plan que aspira a atraer talento y a recuperar a 180.000 asturianos emigrados no dedica una sola línea a la cuestión. Quizá porque es la única pregunta cuya respuesta dependería exclusivamente de Oviedo.
¿De quién es el plan?
La pregunta decisiva no es económica, sino institucional. El plan lo promueve Compromiso Asturias XXI, una asociación privada que agrupa a 18 organizaciones, y lo redacta la consultora EY-Parthenon. El Gobierno del Principado aparece implicado, pero no lo ha aprobado, no le ha asignado partida y no ha nombrado a nadie responsable de ejecutarlo. El propio documento advierte de que sus estimaciones no constituyen compromisos.
Esa ambigüedad conviene a casi todos. La asociación obtiene la legitimidad de un plan de región sin responder de su cumplimiento. El Gobierno puede asociarse a un documento ambicioso sin haberlo presupuestado, de modo que si sale bien lo capitaliza y si fracasa no era suyo. Solo queda fuera la Junta General, que es la institución que representa a todos los asturianos y la que debería controlar esos 5.500 millones públicos.
Y el calendario no ayuda. La ejecución empieza en 2027, año de elecciones autonómicas. Un horizonte de 2040 abarca al menos tres legislaturas y, probablemente, gobiernos de distinto signo. Sin un acuerdo entre partidos, cada nuevo gobierno podrá reinterpretarlo, abandonarlo o apropiárselo. Las políticas de largo plazo que perduran en España, como el Pacto de Toledo, descansan en un consenso parlamentario, no en un documento técnico.
Por eso, con todo su trabajo, Asturias 2040 se parece más a una carta de intenciones que a un plan estratégico. Se ha trabajado mucho el documento y nada el compromiso.
Lo que haría falta
No se trata de tirar el plan a la papelera. Su diagnóstico es valioso y debería servir de base común. Pero para que deje de ser un folleto bienintencionado, hacen falta cuatro cosas.
- Un dueño. Si el Gobierno lo quiere hacer suyo, debe llevarlo a la Junta General y buscar un pacto entre grupos, con objetivos, responsables y un seguimiento anual.
- Una factura. Financiación plurianual identificada, con sus fuentes, y una estimación honesta de lo que se recuperaría en recaudación.
- Un enchufe. Un balance energético que diga cuántos megavatios necesita la nueva industria, de dónde saldrán y a qué precio.
- Transparencia. La publicación íntegra del modelo, los supuestos y las fichas de los 40 proyectos, para que cualquiera pueda comprobar las cifras.
Asturias no necesita otro horizonte lejano dibujado con buenas intenciones. Necesita un plan con dueño, con factura y con enchufe. Lo demás, por ambicioso que sea, es literatura.
