Regularización de extranjeros y quién la paga

La regularización extraordinaria no termina con un permiso de residencia. Empieza cuando el contribuyente recibe la factura. Y en Asturias hay cada vez menos hombros para sostenerla.

Empecemos por el dato que nadie en Oviedo ha querido comentar. Según la EPA del primer trimestre de 2026, la tasa de paro de la población española en Asturias es del 8,83%. La de la población extranjera, del 16,51%. Es decir, casi el doble. Uno de cada seis inmigrantes residentes en Asturias está en paro, frente a uno de cada once asturianos.

Y no es una anomalía estadística de un trimestre suelto. Es la fotografía de un mercado laboral que absorbe mano de obra extranjera a una velocidad inédita y la coloca sistemáticamente en la parte más frágil del sistema, la de los servicios y la temporalidad. Los extranjeros son alrededor del 7,3% de la población asturiana, pero firmaron el 20,9% de todos los contratos del Principado en julio, un 38,85% más que hace un año. El 85% de esa contratación fue en servicios y el 70,4% de los contratos, temporales.

El decreto que nadie sometió a debate

El 14 de abril de 2026 el Consejo de Ministros aprobó la regularización administrativa extraordinaria. Entró en vigor dos días después. El plazo se cerró el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes. Un millón largo de expedientes tramitados en dos meses y medio, sin memoria económica que alguien haya leído en voz alta y sin una sola comparecencia en la Junta General explicando qué significa esto para Asturias.

Significa algo muy concreto. La ley es clara. Tras un año de residencia legal y efectiva, quien carezca de ingresos y cumpla los requisitos puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Doce meses. En 2026 el IMV para una persona sola son 733,60 euros al mes, es decir 8.803 euros anuales. Una familia numerosa, sumando el Complemento de Ayuda a la Infancia, puede rebasar los 22.000. Y encima, en Asturias, todo el catálogo autonómico y municipal, con Salario Social Básico, ayudas al alquiler, vivienda pública, becas de comedor y material escolar.

Doce meses para entrar en un sistema que los asturianos llevan financiando cuarenta años.

Julio ya enseñó la costura

El paro registrado asturiano subió en julio en 132 personas. De ese aumento, 140 corresponden a demandantes sin empleo anterior, gente que se inscribe por primera vez en una oficina de empleo. Restados esos 140, el desempleo habría bajado. Toda la subida, y algo más, viene de ahí.

El Ministerio de Trabajo ya ha vinculado ese fenómeno a la regularización. En España el paro creció en julio en 19.517 personas y 15.535 eran extranjeros. En junio, los extranjeros explicaron el 79,6% del aumento. Nadie ha dicho cuántos de los 140 asturianos salen exactamente de ahí. Ese silencio, en estadística, no es prudencia, es incomodidad.

Seamos rigurosos, que es lo que da fuerza al argumento

Conviene no mezclar magnitudes, porque quien las mezcla acaba perdiendo la discusión. En el paro registrado, es decir las inscripciones administrativas, Asturias cerró junio con 49.725 personas, de las que solo el 9,9% eran extranjeras, unos 4.923 frente a 44.802 españoles. En volumen, el paro asturiano sigue siendo abrumadoramente autóctono. Quien diga lo contrario miente.

Lo que se ha duplicado no es el número, es el riesgo. La tasa de paro extranjera casi dobla la española. Y ese es precisamente el indicador que importa cuando hablamos de prestaciones, porque las prestaciones no se pagan por censo, se pagan por probabilidad de caer.

Y hay más honestidad que hacer. Asturias cerró julio con 406.262 afiliados, superando los 400.000 por primera vez desde 2008, y buena parte de ese récord se explica por trabajadores extranjeros que cotizan y sostienen pensiones que ningún asturiano de 25 años podrá pagar solo. Los cotizantes foráneos se han duplicado en cinco años hasta rozar los 32.000. Sin ellos, la hostelería, el campo y los cuidados de esta región no funcionarían.

Nadie serio niega eso. Lo que niego es otra cosa. Que se pueda regularizar a más de un millón de personas por decreto, sin plazo de carencia razonable y sin decirle al contribuyente lo que va a costar.

Por qué el paro de los inmigrantes en Asturias pesa más que en Madrid

Aquí está lo que agrava el asunto en esta comunidad. Asturias es la región más envejecida de España y la que menos crece. Nuestro Estado del bienestar no descansa sobre una pirámide de población, descansa sobre un alfiler. Al cerrar junio había 30.366 beneficiarios de prestaciones por desempleo en el Principado, con un gasto de 34,4 millones en un solo mes y una prestación contributiva media de 966,90 euros, 44,20 por debajo de la media nacional. Cobramos menos que la media y soportamos más carga por trabajador activo que la media.

Sobre ese alfiler se apoya ahora un colectivo con una tasa de paro casi doble y creciendo a toda velocidad. La probabilidad de que una parte acabe en la ventanilla de una prestación no es una sospecha ideológica. Es aritmética.

La pregunta incómoda

¿De verdad basta un solo año para acceder a un sistema de protección que han pagado durante décadas quienes trabajan aquí? Puede que la respuesta sea sí. Puede que sea no. Pero es una pregunta legítima y hay que responderla con cifras, no con adjetivos.

El problema no es discutirlo. El problema es convertirlo en tabú. Un Gobierno serio, el de Madrid y el de Oviedo, debería poner sobre la mesa cuántos expedientes se han presentado en Asturias, cuántos derivarán en prestación y cuánto va a costar. Si ni siquiera están dispuestos a dar ese debate, es porque temen la respuesta.

Y cuando la política renuncia a hablar de límites, siempre acaba imponiéndolos la realidad. En Asturias, además, llega antes.