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La Red Nacional de Silos y Graneros.
La Evolución de la Red Nacional de Silos y Graneros en España
La Red Nacional de Silos y Graneros se desarrolló en España entre 1940 y 1984, en respuesta al denominado «problema triguero» surgido a finales del siglo XIX y a las irregularidades en las cosechas de 1932 y 1934. Este ambicioso proyecto alcanzó su mayor expansión en la década de los años setenta, momento en el que se catalogaron hasta 672 silos y 277 graneros en todo el país. La red cesó sus operaciones en 1984, cuando se puso fin al monopolio estatal del mercado del grano.
Origen y objetivos
El proyecto comenzó oficialmente en 1944 con la construcción de las primeras unidades estratégicamente ubicadas cerca de nudos de comunicación y líneas de ferrocarril. El primer silo operativo fue el de Alcalá de Henares, inaugurado en 1949.
Los objetivos fundamentales de esta red fueron los siguientes:
- Adquirir toda la cosecha de trigo a los agricultores.
- Conservar reservas nacionales para garantizar el consumo interno.
- Gestionar la importación y exportación de trigo a través de los puertos.
- Optimizar el tratamiento y la manipulación del grano, incluyendo la selección y tratamiento de semillas.
Desarrollo y financiación
Entre 1945 y 1986, se construyeron 663 silos y 275 graneros, con una capacidad total de almacenamiento de 2.684.947 toneladas. En sus primeros años, los costos de construcción fueron financiados exclusivamente por el organismo triguero mediante los beneficios comerciales generados. A partir de 1975, estos gastos pasaron a ser cubiertos por los Presupuestos Generales del Estado.
Hasta mayo de 1984, el trigo y otros cereales estuvieron sujetos a un régimen de precios de intervención, lo que garantizaba su compra por parte del Estado. Los organismos responsables, como el Servicio Nacional del Trigo (SNT) y el Servicio Nacional de Cereales (SNC), jugaron un papel clave en la gestión de la producción y almacenamiento a través de esta red.
Cambios con la incorporación a la Comunidad Económica Europea
La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en 1986 marcó un punto de inflexión en el sistema de intervención estatal. La nueva legislación comunitaria limitó significativamente la actuación del Estado en este ámbito, lo que condujo a una menor utilización de los silos y graneros existentes.
